REPUBLICA DE BOLIVIA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

1967

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1. Forma de Estado y de Gobierno

Bolivia, libre, independiente y soberana, constituída en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.

Art. 2. Soberanía y Poderes del Estado

La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo organo.

Art. 3. Religión oficial

El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y

romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las

relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.

Art. 4. Limitación al pueblo y delito de sedición

El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley.

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye la

soberanía del pueblo comete delito de sedición.

PARTE PRIMERA

LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

TITULO PRIMERO

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Art. 5. Abolición de esclavitud

No se reconoce ningún genero de servidumbre y nadie podrá ser

obligado a prestar trabajos personales sin su pleno

consentimiento y justa retribucion. Los servicios personales

sólo podrán ser exigibles cuando así lo establezcan las leyes.

Art. 6. La persona humana y el Estado

Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con

arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y

garantías reconocidas por esta Constitución, sin distincion de

raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra

indole, origen, condicion económica o social, u otra

cualquiera.

La dignidad y la libertad de la persona son inviolables.

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

Art. 7. Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales,

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

a) A la vida, la salud y la seguridad.

b) A emitir libremente sus ideas y opiniones, por

cualquier medio de difusión.

c) A reunirse y asociarse para fines lícitos.

d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o

a cualquier actividad lícita, en condiciones que no

perjudiquen al bien colectivo.

e) A recibir instrucción y adquirir cultura.

f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado.

g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del

territorio nacional.

h) A formular peticiones individual o colectivamente.

i) A la propiedad privada, individual o

colectivamente, siempre que cumpla una función

social.

j) A una remuneración justa por su trabajo, que le

asegure para sí y su familia una existencia digna

del ser humano.

k) A la seguridad social, en la forma determinada por

esta Constitución y las leyes.

Art. 8. Deberes fundamentales de la persona

Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de

la República.

b) De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en

actividades socialmente útiles.

c) De adquirir instrucción por lo menos primaria.

d) De contribuír, en proporción a su capacidad

económica, al sostenimiento de los servicios

públicos.

e) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores

de edad, así como de proteger y socorrer a sus

padres cuando se hallen en situación de enfermedad,

miseria o desamparo.

f) De prestar los servicios civiles y militares que la

Nación requiera para su desarrollo, defensa y

conservación.

g) De cooperar con los órganos del Estado y la

comunidad en el servicio y la seguridad sociales.

h) De resguardar y proteger los bienes e intereses de

la colectividad.

TITULO SEGUNDO

GARANTIAS DE LA PERSONA

Art. 9. Garantías de la persona

Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prision, sino

en los casos y según las formas establecidas por ley,

requiriendose para la ejecucion del respectivo mandamiento, que

este emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.

La incomunicación no podrá imponerse sino en casos de notoria

gravedad y de ningún modo por más de 24 horas.

Art. 10. Delitos "in fraganti"

Todo delincuente "in fraganti" puede ser aprehendido, aún sin

mandamiento por cualquier persona, para el único objeto de ser

conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá

tomarle su declaración en el plazo máximo de 24 horas.

Art. 11. Limitación a las prisiones

Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como

detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el

mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el

recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser

presentados, cuando más dentro de las 24 horas, al juez

competente.

Art. 12. Prohibición de torturas

Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones, exacciones

o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de

destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se

harán pasibles quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o

consintieren.

Art. 13. Responsabilidad de autores inmediatos

Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a

sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el

haberlos cometido por orden superior.

Art. 14. Tribunales legítimos; declaraciones en materia penal

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido a

otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la

causa, ni se lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en

materia penal, o contra sus parientes consanguíneos hasta el

cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el segundo, de

acuerdo al computo civil.

Art. 15. Excesos de funcionarios

Los funcionarios públicos que sin haberse dictado el estado de

sitio tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de

ciudadanos y las hagan ejecutar así como los que clausuren

imprentas y otros medios de expresión del pensamiento e incurran

en depredaciones, u otro genero de abusos estarán sujetos al

pago de una indemnización de daños y perjuicios, siempre que se

comprueben dentro de juicio civil que podrá seguirse

independientemente de la acción penal que corresponda, que tales

medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y

garantías que establece esta Constitución.

Art. 16. Garantías en materia penal

Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su

culpabilidad.

El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos

tienen derecho a ser asistidos por un defensor.

Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y

juzgado previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha

sido impuesta por sentencia ejecutoriada y por autoridad

competente. La condena penal debe fundarse en una ley anterior

al proceso y sólo se aplicaran las leyes posteriores cuando sean

más favorables al encausado.

Art. 17. Penas de infamia, muerte civil y pena de muerte

No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los

casos de asesinato, parricidio y traición a la Patria, se

aplicará la pena de 30 años de presidio, sin derecho a indulto.

Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante

el estado de guerra extranjera.

Art. 18. Habeas corpus

Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente

perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o

por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante

la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido

a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades

legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la

demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de

audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su

presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o

por cedula en la oficina de la autoridad demandada, orden que

será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella

cuanto por los encargados de las carceles o lugares de

detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer

arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruída de los

antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la

misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen

los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del

juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La

decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio,

ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro

horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona

antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada

válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia

llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor

o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan

las decisiones judiciales, en los casos previstos por este

artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que

conoció del "habeas corpus", ante el Juez en lo penal para su

juzgamiento como reos de atentado contra las garantías

constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto

por este artículo quedará sujeta a la sanción del artículo 127,

inc. 12, de esta Constitución.

Art. 19. Amparo constitucional

Fuera del recurso de "habeas corpus", a que se refiere el

artículo anterior, se establece el recurso de amparo contra los

actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o

particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o

suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por

esta Constitución y las leyes.

El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se

creyere agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente

ante las Cortes Superiores en las capitales de Departamento y

ante los Jueces de Partido en las provincias, tramitándoselo en

forma sumarísima. El Ministerio Público podrá también imponer

de oficio este recurso cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo

la persona afectada.

La autoridad o la persona demandada será citada en la forma

prevista por el artículo anterior a objeto de que preste

información y presente, en su caso, los actuados concernientes

al hecho denunciado, en el plazo máximo de 48 horas.

La resolución final se pronunciará en audiencia pública

inmediatamente de recibida la información del denunciado y, a

falta de ella lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el

recurrente. La autoridad judicial examinará la competencia del

funcionario o los actos del particular y, encontrando cierta y

efectiva la denuncia, concederá el amparo solicitado siempre que

no hubiere otro medio o recurso legal para la protección

inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o

amenazados, elevando de oficio su resolución ante la Corte

Suprema de Justicia para su revisión, en el plazo de 24 horas.

Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la

decisión final que conceda el amparo serán ejecutadas

inmediatamente y sin observación, aplicándose, en caso de

resistencia, lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. Privacidad de correspondencia y comunicaciones

Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los

cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados

por las leyes y en virtud de orden escrita y motivada de

autoridad competente. No producen efecto legal los documentos

privados que fueren violados o sustraídos.

Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán

interceptar conversaciones y comunidades privadas mediante

instalación que los controle o centralice.

Art. 21. Inviolabilidad de domicilio

Toda casa es un asilo inviolable, de noche no se podrá entrar en

ella sin consentimiento del que la habita, y de día sólo se

franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de

autoridad competente, salvo el caso de delito "in fraganti".

Art. 22. Garantías a la propiedad privada

Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga

de ella no sea judicial al interés colectivo.

La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando

la propiedad no cumple una función social, calificada conforme a

ley previa indemnización justa.

Art. 23. Prohibición de confiscaciones

Jamás se aplicará la confiscación de bienes como castigo

político.

Art. 24. Sometimiento a leyes nacionales

Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes

bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación

excepcional ni apelar a reclam4ciones diplomáticas.

Art. 25. Reserva territorial en fronteras

Dentro de 50 kilometros de las fronteras, los extranjeros no

pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo,

directa o indirectamente, individualmente o en sociedad bajo

pena de perder en beneficio del Estado, la propiedad adquirida,

excepto el caso de necesidad nacional declarada por ley expresa.

Art. 26. Legitimidad de los impuestos

Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido

conforme a las prescripciones de la Constitución. Los

perjudicados pueden interponer recursos ante la Corte Suprema de

Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos

municipales son obligatorios cuando en su creación han sido

observados los requisitos constitucionales.

Art. 27. Igualdad y universalidad impositiva

Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a

todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter

general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual

de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según

los casos.

Art. 28. Bienes eclesiásticos

Los bienes de la Iglesia, de las Ordenes y Congregaciones

religiosas y de las instituciones que ejercen labor educativa,

de asistencia y de beneficencia, gozan de los mismos derechos y

garantías que los pertenecientes a los particulares.

Art. 29. Privilegio legislativo

Sólo el Poder Legislativo tiene facultades para alterar y

modificar los Códigos, así como para dictar reglamentos y

disposiciones sobre procedimientos judiciales.

Art. 30. Indelegabilidad de facultades

Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les

confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras

que las que expresamente les están acordadas por ella.

Art. 31. Nulidad de actos

Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les

competen así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o

potestad que no emane de la ley.

Art. 32. Cumplimiento de la norma establecida

Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes

no mande ni a privarse de lo que ellas no prohiban.

Art. 33. Irretroactividad de la ley: excepciones

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto

retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine

expresamente, y en materia penal cuando beneficie al

delincuente.

Art. 34. Sujeción a la justicia ordinaria

Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan

sujetos a la jurisdicción ordinaria.

Art. 35. Ampliación de derechos

Las declaraciones, derechos garantías que proclama esta

Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos

y garantías no enunciadas que nacen de la soberanía del pueblo y

de la forma republicana de gobierno.

TITULO III

NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

CAPITULO I

NACIONALIDAD

Art. 36. Nacionalidad de origen

Son bolivianos de origen:

1) Los nacidos en el territorio de la República, con

excepción de los hijos de extranjeros que se

encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno.

2) Los nacidos en el extranjero de padre o madre

bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el

territorio nacional o de inscribirse en los

consulados.

Art. 37. Nacionalidad por naturalización

Son bolivianos por naturalización:

1) Los españoles y latinoamericanos que adquieran la

nacionalidad boliviana sin hacer renuncia de la de

su origen cuando existan, a título de reciprocidad

convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos

respectivos.

2) Los extranjeros que habiéndo residido dos años en

la República declaren su voluntad de adquirir la

nacionalidad boliviana y obtengan carta de

naturalización conforme a ley.

El tiempo de permanencia se reducirá a un año

tratandose de extranjeros que se encuentren en los

casos siguientes:

a) Que tengan conyuge o hijos bolivianos.

b) Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola

o industrial.

c) Que ejerzan funciones educativas, científicas o

técnicas.

3) Los extranjeros que a la edad legalmente requerida

presten el servicio militar.

4) Los extranjeros que por sus servicios al país la

obtengan de la Cámara de Senadores.

Art. 38. Nacionalidad de la mujer casada

La mujer boliviana casada con extranjero no pierde su

nacionalidad.

La mujer extranjera casada con boliviano adquiere la

nacionalidad de su marido siempre que resida en el país y

manifieste su conformidad; y no la pierde aún en los casos de

viudez o de divorcio.

Art. 39. Pérdida de la nacionalidad

La nacionalidad boliviana se pierde por adquirir nacionalidad

extranjera bastando para recobrarla domiciliarse en Bolivia

exceptuando a quienes se acojan al régimen de nacionalidad

plural en virtud de convenios que a este respecto se firmen.

CAPITULO II

CIUDADANIA

Art. 40. Derechos de ciudadanía

La ciudadanía consiste:

1. En concurrir como elector o elegible a la formación

o el ejercicio de los poderes públicos.

2. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin

otro requisito que la idoneidad, salvo las

excepciones establecidas por ley.

Art. 41. Requisitos de la ciudadanía

Son ciudadanos los bolivianos, varones u mujeres mayores de

veintiún años de edad, o de dieciocho siendo casados, cualquiera

que sea su grado de instrucción, ocupación o renta.

Art. 42. Suspensión de los derechos ciudadanos

Los derechos de ciudadanía se suspenden:

1. Por tomar armas o prestar servicios en ejército

enemigo en tiempo de guerra.

2. Por defraudación de caudales públicos o quiebra

fraudulenta declarada, previa sentencia

ejecutoriada y condenatoria a pena corporal.

3. Por aceptar funciones de Gobierno extranjero, sin

permiso del Senado, excepto los cargos y misiones

de los organismos internacionales, religiosos,

universitarios y culturales en general.

TITULO CUARTO

FUNCIONARIOS PUBLICOS

Art. 43. Estatuto del funcionario público

Una ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario público

sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios

y empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses

de la colectividad y no de parcialidad o partido político

alguno.

Art. 44. Carrera administrativa

El Estatuto del Funcionario Publico establecerá los derechos y

deberes de los funcionarios y empleados de la Administración y

contendrá las disposiciones que garanticen la carrera

administrativa, así como la dignidad y eficacia de la función

pública.

Art. 45. Declaración de bienes

Todo funcionario público, civil, militar o eclesiastico está

obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a

declarar expresa y especificamente los bienes o rentas que

tuviere, que serán verificados en la forma que determina la ley.

PARTE SEGUNDA

EL ESTADO BOLIVIANO

TITULO PRIMERO

PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 46. Composición y reuniones ordinarias

El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de

dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.

El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la

Capital de la República, el día 6 de agosto, aún cuando no

hubiese convocatoria. Sus sesiones durarán noventa días utiles,

prorrogables hasta ciento veinte, a juicio del mismo Congreso o

a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio de éste conviniese

que el Congreso no se reuna en la Capital de la República, podrá

expedir la convocatoria senalando otro lugar.

Art. 47. Reuniones extraordinarias

El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo de la

mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria del Poder

Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupará de los

negocios consignados en la convocatoria.

Art. 48. Quórum

Las Cámaras deben funcionar con la mayoría absoluta de sus

miembros, a un mismo tiempo, en el mismo lugar, y no podrá

comenzar o terminar la una sus funciones en un día distinto de

la otra.

Art. 49. Compatibilidad con otras funciones

Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o

Vicepresidente de la República, o designados Ministros de Estado

o Agentes Diplomaticos, quedando suspensos de sus funciones

legislativas por el tiempo que desempenen aquellos cargos.

Fuera de ellos no podrán ejercer otros dependientes de los

Poderes Ejecutivo o Judicial.

Art. 50. Limitaciones a la elegibilidad de parlamentarios

No podrán ser elegidos Representantes Nacionales:

1) Los funcionarios y empleados civiles, los militares

y Policías en servicio activo y los eclesiásticos

con jurisdicción que no renuncien y cesen en sus

funciones y empleo por lo menos 60 días antes de

verificativo de la elección. Se exceptúan de esta

disposición los rectores y catedraticos de

Universidad.

2) Los contratistas de obras y servicios públicos; los

administradores, gerentes y directores, mandatarios

y representantes de sociedades o establecimientos

en que tienen participación pecuniaria el Fisco y

los de empresas subvencionadas por el Estado; los

administradores y recaudadores de fondos públicos

mientras no finiquiten sus contratos y cuentas.

Art. 51. Inviolabiliad por opiniones

Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las

opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Art. 52. Inmunidad parlamentaria

Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta la

finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser

acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, si la Cámara

a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos. En

materia civil no podrá ser demandado ni arraigado desde 60 días

antes de la reunión del Congreso hasta el término de la

distancia para que se restituya a su domicilio.

Art. 53. El Vicepresidente

El Vicepresidente de la República goza en su carácter de

Presidente del Congreso Nacional y del Senado, de las mismas

inmunidades y prerrogativas acordadas a Senadores y Diputados.

Art. 54. Limitaciones a los parlamentarios

Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en

arrendamiento, a su nombre o en el de terceros, bienes públicos,

ni hacerse cargo de contratos de obra o de aprovisionamiento con

el Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de

ventajas personales. Tampoco podrán durante el período de su

mandato, ser funcionarios, empleados apoderados ni asesores o

gestores de entidades autárquicas, ni de sociedades o de

empresas que negocien con el Estado.

La contravención a estos preceptos importa pérdida del mandato

popular mediante resolucion de la respectiva Cámara, conforme

al artículo 67, atribución 4 de esta Constitución.

Art. 55. Facultad de representación

Durante el período constitucional de su mandato los Senadores y

Diputados podrán dirigir representaciones a los funcionarios del

Poder Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones

legales. Podrán también gestionar mejoras para satisfacer las

necesidades de sus distritos electorales.

Art. 56. Selección de mandato

Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado, aceptará el

mandato que él prefiera. Si fuese Senador o Diputado por dos o

más Departamentos, lo será por el distrito que el escoja.

Art. 57. Reelección y renuncia

Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos y sus mandatos

son renunciables.

Art. 58. Publicidad de sesiones

Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas, y

sólo podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros

así lo determinen.

Art. 59. Atribuciones del Poder Legistativo

Son atribuciones del Poder Legislativo:

1) Dictar leyes, abrogarlas, dereogarlas, modificarlas

e interpretarlas.

2) A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer

contribuciones de cualquier clase o naturaleza,

suprimir las existentes y determinar su carácter

nacional departamental o universitario, así como

decretar los gastos fiscales.

Sin embargo el Poder Legislativo, a pedido de uno

de sus miembros, podrá requerir del Ejecutivo la

presentacion de proyectos sobre aquellas materias.

Si el Ejecutivo, en el término de veinte días, no

presentase el proyecto solicitado, el representante

que lo requirio u otro parlamentario podrá

presentar el suyo para su consideración y

aprobación. Las contribuciones se decretarán por

tiempo indefinido, salvo que las leyes respectivas

senalen un plazo determinado para su vigencia.

3) Fijar, para cada gestión financiera los gastos de

la Administración Pública, previa presentación del

Proyecto de Presupuesto por el Poder Ejecutivo.

4) Considerar los planes de desarrollo que el Poder

Ejecutivo pase a su conocimiento.

5) Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos

que comprometan las rentas generales del Estado;

así como los contratos relativos a la explotación

de las riquezas nacionales.

6) Conceder subvenciones o garantías de interes para

la realización e incremento de obras públicas y de

necesidad social.

7) Autorizar la enajenación de bienes nacionales,

departamentales, municipales, universitarios y de

todos los que sean de dominio público.

8) Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes

inmuebles.

9. Autorizar a las Universidades la contratación de

empréstitos.

10) Establecer el sistema monetario y el de pesas y

medidas.

11) Aprobar anualmente la cuenta de gastos e

inversiones que debe presentar el Ejecutivo en la

primera sesión de cada Legislatura.

12) Aprobar los tratados, concordatos y convenios

internacionales.

13) Ejercitar influencia diplomática sobre actos no

consumados o compromisos internacionales del Poder

Ejecutivo.

14) Aprobar, en cada Legislatura, la fuerza militar que

ha de mantenerse en tiempo de paz.

15) Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el

territorio de la República, determinando el tiempo

de su permanencia.

16) Autorizar la salida de tropas nacionales del

territorio de la República, determinando el tiempo

de su permanencia.

17) A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir

empleos públicos, señalar sus atribuciones y fijar

sus emolumentos.

El Poder Legislativo podrá aprobar, rechazar o

disminuir los servicios, empleos o emolumentos

propuestos, pero no podrá aumentar, salvo lo que

correspondan al Congreso Nacional.

18) Crear nuevos Departamentos, provincias, secciones

de provincia y cantones, así como fijar sus

limites, habilitar puertos mayores y establecer

aduanas.

19) Decretar amnistía por delitos políticos y conceder

indulto previo informe de la Corte Suprema de

Justicia.

20) Nombrar a los Ministros de la Corte Suprema de

Justicia.

21) Designar representantes ante las Cortes

Electorales.

22) Ejercer, a traves de las Comisiones de ambas

Cámaras, la facultad de fiscalización sobre las

entidades autonomas, autárquicas, semi- autárquicas

y sociedades de economía mixta.

CAPITULO II

CAMARA DE DIPUTADOS

Art. 60. Elección, número y mandato

Los Diputados serán elegidos por votación universal y directa,

por simple plura2lidad de sufragios, y con representación

proporcional de las minorias.

La ley fijará el numero y sistema de la elección de los

diputados propietarios y los suplentes, teniendo como base la

densidad demografica del territorio nacional.

Los diputados durarán en sus funciones cuatro años y la

renovación de la Cámara será total.

Art. 61. Requisitos para ser Diputado

Para ser Diputado se requiere:

1) Ser boliviano de origen y haber cumplido los

deberes militares.

2) Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de

la elección.

3) Estar inscrito en el Registro Cívico.

4) Ser postulado por un partido o por agrupaciones

cívicas representativas de las fuerzas vivas del

país, con personería jurídica reconocida, formando

bloques o frentes con los partidos políticos.

5) No haber sido condenado a pena corporal, salvo

rehabilitación concedida por el Senado; ni tener

pliego de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni

estar comprendido en los casos de exclusión y de

incompatibilidad establecidos por la ley.

Art. 62. Atribuciones de la Cámara de Diputados

Corresponde a la Cámara de Diputados:

1) Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de

Justicia por mayoría absoluta de votos de las

ternas propuestas por el Senado.

2) La iniciativa en el ejercicio de las atribuciones

3a., 4a., 5a., y 14a., del artículo Art. 59.

3) Considerar la cuenta del estado de sitio que debe

presentar el Ejecutivo, aprobándola o abriendo

responsabilidad ante el Congreso.

4) Acusar ante el Senado a los Magistrados de la Corte

Suprema por delitos cometidos en el ejercicio de

sus funciones.

5) Proponer ternas al Presidente de la República para

la designación de presidentes de entidades

económicas y sociales en que participe el Estado.

6) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la

Constitución y las leyes.

CAPITULO III

CAMARA DE SENADORES

Art. 63.Composición del Senado

El Senado se compone de tres Senadores por cada Departamento,

elegido mediante voto universal directo: dos por mayoría y uno

por minoria, de acuerdo a ley.

Art. 64. Requisitos para ser Senador

Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años

cumplidos y reunir los requisitos exigidos para Diputado.

Art. 65. Mandato de los Senadores

Los Senadores ejercerán sus funciones por el término senalado

para los Diputados, con renovación total al cumplimiento de este

período.

Art. 66. Atribuciones de la Cámara de Senadores

Son atribuciones de esta Cámara:

1) Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la

Cámara de Diputados a los Ministros de la Corte

Suprema y Fiscal General de la República conforme a

la Ley de Responsabilidades.

El Senado juzgará en única instancia a los

Ministros de la Corte Suprema y Fiscal General de

la República imponiéndoles la sanción y

responsabilidad correspondientes por acusación de

la Cámara de Diputados motivada por querella de los

ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano.

En los casos previstos por los parrafos anteriores

será necesario el voto de dos tercios de los

miembros presentes.

Una ley especial dispondrá el procedimiento y

formalidades de estos juicios.

2) Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a

los que hubiesen perdido estas cualidades.

3) Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos

y la admisión de títulos o emolumentos de gobierno

extranjero.

4) Aprobar las ordenanzas municipales relativas a

patentes e impuestos.

5) Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por

servicios eminentes a la Nación.

6) Proponer ternas a la Cámara de Diputados para la

elección de Magistrados de la Corte Suprema de

Justicia.

7) Proponer ternas al Presidente de la República para

la elección de Contralor General de la República,

Fiscal General de la República y Superintendente

de Bancos.

8) Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de

votos.

9) Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos

a General de Ejército, de Fuerza Aerea, de

División, de Brigada, a Contra- Almirante, Almirante

y Vice- Almirante de las Fuerzas Armadas de la

Nación, propuestos por el Poder Ejecutivo.

10) Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y

Ministros Plenipotenciarios propuestos por el

Presidente de la República.

11) Elegir, por mayoría absoluta de votos, a los

Magistrados de las Cortes de Distrito así como a

los de la Corte nacional del Trabajo y a los de la

Corte Nacional de Mineria, de las ternas propuestas

por la Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO IV

EL CONGRESO

Art. 67. Atribuciones comunes a ambas Cámaras

Son atribuciones de cada Cámara:

1) Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes

Electorales.

Las demandas de inhabilidad de los elegidos y de

nulidad de las elecciones sólo podrán ser

interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo

fallo será irrevisable por las Cámaras. Si al

calificar credenciales no demandadas ante la Corte

Nacional Electoral la Cámara encontrare motivos de

nulidad, remitirá el caso, por resolución de dos

tercios de votos, a conocimiento y decisión de

dicho tribunal. Los fallos se dictarán en el plazo

de quince días.

2) Organizar su Mesa Directiva.

3) Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.

4) Separar temporal o definitivamente con el acuerdo

de dos tercios de votos, a cualesquiera de sus

miembros por graves faltas cometidas en el

ejercicio de sus funciones.

5) Fijar las dietas que percibirán los legisladores;

ordenar el pago de sus presupuestos; nombrar y

remover su personal administrativo y atender todo

lo relativo a su economía y régimen interior.

6) Realizar las investigaciones que fueren necesarias

para su función constitucional, pudiendo designar

comisiones entre sus miembros para que faciliten

esa tarea.

7) Aplicar sanciones a quienes comentan fallas contra

la Cámara o sus miembros en la forma que

establezcan reglamentos, debiendo asegurar en estos

el derecho de defensa.

Art. 68. Atribuciones del Congreso

Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:

1) Inaugurar y clausurar sus sesiones.

2) Verificar el escrutinio de las actas de elecciones

de Presidente y Vicepresidente de la República, o

designarlos cuando no hubieran reunido la

pluralidad absoluta de votos, conforme a las

disposiciones de esta Constitución.

3) Recibir el juramento de los dignatarios mencionados

en el párrafo anterior.

4) Admitir o negar la renuncia de los mismos.

5) Ejercitar las atribuciones a que se refieren los

incisos 11 y 13 del Art. 59.

6) Considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo.

7) Resolver la declaratoria de guerra a petición del

Ejecutivo.

8) Determinar el número de efectivos de las Fuerzas

Armadas de la Nación.

9) Considerar los proyectos de ley que, aprobados en

la Cámara de origen, no lo fueren por la Cámara

revisora.

10) Dirimir, por dos tercios de votos de la totalidad

de sus miembros, las competencias que el ejecutivo

o la Corte Suprema susciten a las Cámaras, o las

que se susciten entre los expresados Poderes y la

Corte Nacional Electoral.

11) Ejercitar las facultades que les corresponden

conforme a los artículos 111, 112 y 113 de esta

Constitución.

12) Conocer como sumariantes y conforme a ley, de las

demandas de responsabilidad contra el Presidente y

Vicepresidente de la República, Ministros de

Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas y Contralor

General de la República por delitos cometidos en el

ejercicio de sus funciones.

Art. 69. Indelegabilidad de atribuciones

En Ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus

miembros ni otro Poder, las atribuciones que tiene por esta

Constitución.

Art. 70. Censura e informes

Cada Cámara puede, a iniciativa de sus miembros y por voto de la

mayoría absoluta de sus miembros concurrentes, acordar la

censura de los actos del Poder Ejecutivo, dirigiéndola contra

los Ministros de Estado, separada o conjuntamente, con el fin de

conseguir modificación del procedimiento político impugnado.

Puede, a igual iniciativa, pedir a los Ministros de Estado

informes verbales o escritos con fines legislativos, de

inspección o fiscalización y proponer investigaciones sobre todo

asunto de interes nacional.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Art. 71. Procedimiento legislativo

Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones

2a., 3a., 4a., 5a. y 14a. del Art. 59, pueden tener origen en el

Senado o en la Cámara de Diputados, a proposición de uno o más

de sus miembros, del Vicepresidente de la República, o por

mensaje del Poder Ejecutivo, a condición, en este caso, de que

el proyecto sea sostenido en los debates por el Ministro del

respectivo despacho. La Corte Suprema podrá presentar proyectos

de ley en materia judicial y reforma de los Códigos mediante

mensaje dirigido al Poder Legislativo.

Art. 72. Procedimiento de revisión

Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen pasará

inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la

Cámara revisora lo aprueba, será enviado al Poder Ejecutivo para

su promulgación.

Art. 73. Proyectos rechazados en Cámara de origen

El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no

podrá ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta

la legislatura siguiente.

Art. 74. Proyectos observados en revisión

Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el

proyecto, éste se considerará aprobado, en caso de que la Cámara

de origen acepte por mayoría absoluta las enmiendas o

modificaciones. Pero si no las acepta o si las corrige y

altera, las dos Cámaras de reunirán a convocatoria de cualquiera

de sus Presidentes dentro de los veinte días para deliberar sobre el proyecto.

En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su

promulgación como ley de la República; más, si fuese desechado,

no podrá ser propuesto de nuevo sino de las legislaturas

siguientes.

Art. 75. Plazo para revisión

En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin

pronunciarse sobre el proyecto de ley, la Cámara de origen

reclamará su despacho, con un nuevo término de diez días, al

cabo de los cuales será considerado en sesión de Congreso.

Art. 76. Veto presidencial

Toda ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada

por el Presidente de la República en el término de diez días

desde aquel en que la hubiera recibido.

La ley no observada dentro de los diez días será promulgada. Si

en este término recesare el Congreso, el Presidente de la

República publicará el mensaje de sus observaciones para que

considere en la próxima legislatura.

Art. 77. Consideración del veto

Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de

origen. Si ésta y la revisora, reunidas en Congreso, las hallan

fundadas y modifican la ley conforme a ellas, la devolverán al

Ejecutivo para su promulgación. Si el Congreso declara

infundadas las observaciones por dos tercios de los miembros

presentes, el Presidente de la República promulgará la ley

dentro de otros diez días.

Art. 78. Promulgación por el Presidente del Congreso

Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la

República en el término de diez días, desde su recepción, serán

promulgadas por el Presidente del Congreso.

Art. 79. Resoluciones legislativas

Las resoluciones Cámarales y legislativas no necesitan

promulgación del Ejecutivo.

Art. 80. Fórmulas de promulgación

La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la

República en esta forma:

"Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente

ley:....

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de

la República".

Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma:

"El Congreso Nacional de la República, Resuelve:....Por lo

tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución".

Art. 81. Publicación de las leyes

La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo

disposición contraria de la misma ley.

CAPITULO VI

COMISION DE CONGRESO

Art. 82. Período de funciones

Durante el receso de las cámaras funcionará una Comisión del

Congreso compuesta de nueve Senadores y dieciocho Diputados,

quienes, con sus respectivos suplentes, serán elegidos por cada

Cámara de modo que reflejen en lo posible la composición

territorial del Congreso. Estará presidida por el

Vicepresidente de la República y la integrarán el Presidente

electivo del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados,

en calidad de Vicepresidentes primero y segundo,

respectivamente.

El reglamento correspondiente establecerá la forma y oportunidad

de elección de la Comisión del Congreso y su régimen interno.

Art. 83. Atribuciones de la Comisión del Congreso

Son atribuciones de la Comision del Congreso:

1) Velar por la observancia de la Constitución y el

respeto a las garantías ciudadanas, y acordar para

estos fines las medidas que sean procedentes.

2) Ejercer funciones de investigación y

supervigilancia general de la administración

pública, dirigiendo el Poder Ejecutivo las

representaciones que sean pertinentes.

3) Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del

total de sus miembros, la convocatoria a sesiones

extraordinarias del Congreso cuando así lo exija la

importancia y urgencia de algun asunto.

4) Informar sobre todos los asuntos que queden sin

resolución a fin de que sigan tramitándose en el

período de sesiones.

5) Elaborar proyectos de ley para su consideración por

las Cámaras.

Art. 84. Cuenta de actos

La Comisión del Congreso dará cuenta de sus actos ante las

Cámaras en sus primeras sesiones ordinarias.

TITULO SEGUNDO

PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Art. 85. Composición del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República

conjuntamente con los Ministros.

Art. 86. Elección del Presidente y del Vicepresidente

El Presidente de la República será elegido por sufragio

directo. Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al

Vicepresidente.

Art. 87. Mandato y reelección

El período del Presidente y Vicepresidente Constitucional de la

República será de cuatro años improrrogables. Ninguno de ellos

podrá ser reelegido sino pasados cuatro años de la terminación

de su mandato constitucional. El Vicepresidente podrá ser

elegido Presidente de la República después de cuatro años de

fenecido su mandato.

Art. 88. Requisitos para ser Presidente y Vicepresidente

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República se

requiere de las mismas condiciones exigidas para Senador.

Art. 89. Impedimentos del Presidente y Vicepresidente

No pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la

República:

1) Los Ministros de Estado o Presidentes de entidades

de función económica o social en las que tenga

participación el Estado que no hubieren renunciado

el cargo seis meses antes del día de la elección.

2) Los parientes consaguíneos y afines dentro del

segundo grado, de acuerdo al computo civil, de

quienes se hallaren en ejercicio de la Presidencia

o Vicepresidencia de la República durante el último

año anterior a la elección.

3) Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio

activo, los del clero y los ministros de cualquier

culto religioso.

Art. 90. Elección de segundo grado

Si ninguno de los candidatos para la Presidencia o la

Vicepresidencia de la República obtuviese mayoría absoluta de

votos, el Congreso tomará a tres de los que hubiesen obtenido el

mayor número para uno u otro cargo,y de entre ellos hará la

elección. Si, hecho el primer escrutinio, ninguno reuniese la

mayoría absoluta de votos de los representantes concurrentes, la

votación posterior se concretará a los dos que hubieran

alcanzado el mayor número de sufragios. En caso de empate, se

repetirá la votación hasta que alguno de los candidatos obtenga

la mayoría absoluta.

La elección, el escrutinio y la proclamación se harán en sesión

pública y permanente.

Art. 91. Ley de proclamación

La proclamación de Presidente y Vicepresidente de la República

se hará mediante ley.

Art. 92. Juramento del Presidente y Vicepresidente

Al tomar posesión del cargo, el Presidente y Vicepresidente de

la República jurarán solemnemente, ante el Congreso, fidelidad a

la República y a la Constitución.

Art. 93. Sucesión presidencial

En casos de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la

República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el

Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva el

Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la

Corte Suprema de Justicia.

El Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta

quedare vacante antes o después de la proclamación del

Presidente electo, y la ejercerá hasta la finalizacion del

período Constitucional.

A falta del Vicepresidente hará sus veces el Pesidente del

Senado y en su defecto el Presidente de la Cámara de Diputados y

el de la Corte Suprema de Justicia, en estricta prelación. En

este último caso, si aún no hubieren transcurrido tres años del

período presidencial, se procederá a una nueva elección del

Presidente y Vicepesidente, sólo completar dicho período.

Art. 94. Funciones del Vicepresidente

Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo,

desempeñará el cargo de Presidente del Senado sin perjuicio de

que esta Cámara elija su Presidente para que haga las veces de

aquel en su ausencia.

Art. 95. Permiso para viajes presidenciales

El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio

nacional sin permiso del Congreso.

Art. 96. Atribuciones del Presidente de la República

Son atribuciones del Presidente de la República:

1) Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los

decretos y ordenes convenientes, sin definir

privativamente derechos, alterar los definidos por

la ley ni contrariar sus disposiciones, guardando

las restricciones consignadas en esta Constitución.

2) Negociar y concluir tratados con naciones

extranjeras; canjearlos, previa ratificación del

Congreso.

3) Conducir las relaciones exteriores, nombrar

funcionarios diplomáticos y consulares, admitir a

los funcionarios extranjeros en general.

4) Concurrir a la formación de Códigos y Leyes

mediante mensajes especiales.

5) Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

6) Administrar las rentas nacionales y decretar su

inversión por intermedio del respectivo ministerio,

con arreglo a las leyes y con estricta sujeción al

presupuesto.

7) Presentar al Legislativo dentro de las 30 primeras

sesiones ordinarias, los presupuestos nacional y

departamentales para la siguiente gestión

financiera y proponer, durante su vigencia, las

modificaciones que estimen necesarias. La cuenta

de los gastos públicos conforme al presupuesto se

presentará anualmente.

8) Presentar al Legislativo los planes de desarrollo

que sobrepasen los presupuestos ordinarios en

materia o en tiempo de gestión.

9) Velar por las resoluciones municipales,

especialmente las relativas a rentas e impuestos, y

denunciar ante el Senado las que sean contrarias a

la Constitución y a las leyes, siempre que la

municipalidad transgresora no cediese a los

requerimientos del Ejecutivo.

10) Presentar anualmente al Congreso, en la primera

sesión ordinaria, mensaje escrito acerca del curso

y estado de los negocios de la administración

durante el año, acompañando las memorias

ministeriales.

11) Prestar a las Cámaras, mediante los Ministros, los

informes que soliciten pudiendo reservar los

relativos a negociaciones diplomáticas que a su

juicio no deben publicarse.

12) Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.

13) Decretar amnistias por delitos politicos, sin

perjuicio de las que pueda conceder el Legislativo.

14) Nombrar al Fiscal General, Contralor General de la

República y Superintendentes de las entidades de

función económica y social en las cuales tiene

intervención el Estado, de las ternas propuestas

por la Cámara de Diputados.

15) Nombrar a los empleados de la administración cuya

designación no esté reservada por ley a otro poder,

y expedir sus títulos.

16) Nombrar interinamente, en caso de renuncia o

muerte, a los empleados que deban ser elegidos por

otro poder cuando éste se encuentre en receso.

17) Asistir a la inauguración y clausura del Congreso.

18) Conservar y defender el orden interno y la

seguridad exterior de la República, conforme a la

Constitución.

19) Designar al Comandante en Jefe de las Fuerzas

Armadas y a los Comandantes del Ejército, Fuerza

Aerea, Naval y al Director del Comando Superior de

Seguridad Pública.

20) Proponer al Senado, en caso de vacancia, ascensos a

General de Ejército, de Fuerza Aerea, de División,

de Brigada, a Contralmirante, Almirante y

Vice- Almirante de las Fuerzas Armadas de la Nación,

con informe de sus servicios y promociones.

21) Conferir, durante el estado de guerra

internacional, los grados a que se refiere la

atribución precedente en el campo de batalla.

22) Crear y habilitar puertos menores.

23) Designar a los representantes del Poder Ejecutivo

ante las Cortes Electorales.

24) Ejercer autoridad máxima del Servicio Nacional de

Reforma Agraria. Otorgar títulos ejecutoriales en

virtud de la redistribución de las tierras,

conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma

Agraria, así como los de colonización.

Art. 97. Capitán General de las FF.AA.

El grado de Capitán General de las Fuerzas Armadas es inherente

a las funciones de Presidente de la República.

Art. 98. Visitas presidenciales a distritos del país

El Presidente de la República visitará los distintos centros del

país, por lo menos una vez durante el período de su mandato,

para conocer sus necesidades.

CAPITULO II

MINISTROS DE ESTADO

Art. 99. Funciones y nombramiento de Ministros

Los negocios de la Administración Pública se despachan por los

Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina la

ley. Para su nombramiento o remoción bastará Decreto del

Presidente de la República.

Art. 100. Requisitos para ser Ministro

Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas condiciones

que para Diputado.

Art. 101. Responsabilidad de los Ministros

Los Ministros de Estado son responsables de los actos de

administración en sus respectivos ramos, juntamente con el

Presidente de la República. Su responsabilidad será solidaria

por los actos acordados en Consejo de Gabinete.

Art. 102. Firma de decretos por los Ministros

Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la

República deben ser firmados por el Ministro correspondiente.

No serán válidos ni obedecidos sin este requisito.

Art. 103. Asistencia de los Ministros a las Cámaras

Los Ministros de estado pueden concurrir a los debates de

cualquiera de las Cámaras, debiendo retirarse antes de la

votación.

Art. 104. Informes ministeriales al Congreso

Luego que el Congreso abra sus sesiones, los Ministros

presentarán sus respectivos informes acerca del estado de la

administración, en la forma que se expresa en el artículo 96,

atribución 10.

Art. 105. Cuenta de inversión de rentas y Presupuesto

La cuenta de inversión de las rentas, que el Ministro de

Hacienda debe presentar al Congreso, llevará la aprobación de

los demás Ministros en lo que se refiere a sus respectivos

Despachos.

A la elaboración del Presupuesto General concurrirán todos los

Ministros.

Art. 106. Responsabilidad por órdenes verbales o escritas

Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República

exime de responsabilidad a los Ministros.

Art. 107. Juicio de responsabilidades

Los Ministros serán juzagados conforme a la Ley de

Responsabilidades por los delitos que cometieren en el ejercicio

de sus funciones.

CAPITULO III

REGIMEN INTERIOR

Art. 108. División política

El territorio de la República se divide políticamente en

Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia y Cantones.

Art. 109. Autoridades político- administrativas

En lo político- administrativo, el Gobierno Departamental estará

a cargo de los Prefectos, quienes representan al Poder

Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subprefectos en

las Provincias y a los Corregidores en los Cantones.

Las atribuciones, condiciones y forma de elegibilidad para estos

cargos, así como la duración de sus periodos serán determinadas

por ley.

Art. 110. Descentralización administrativa

El Gobierno Departamental se desenvolverá de acuerdo a un

régimen de descentralización administrativa que establecerá la

ley.

CAPITULO IV

CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

Art. 111. Estado de sitio

En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o

guerra internacional, el Jefe del Poder Ejecutivo podrá, con

dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado

de sitio en la extensión del territorio que fuere necesaria.

Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente,

estando la República o una parte de ella bajo el estado de

sitio, la continuación de éste será objeto de una autorización

legislativa. En igual forma se procederá si el decreto de

estado de sitio fuese dictado por el Poder Ejecutivo estando las

Cámaras en funciones.

Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días,

cumplido este término caducará de hecho, salvo el caso de guerra

civil o internacional. Los que hubieren sido objeto de apremio

serán puestos en libertad, a menos de haber sido sometidos a la

jurisdicción de tribunales competentes.

El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de

noventa días, ni declarar otro dentro del mismo año sino con

asentimiento del Congreso. Al efecto, lo convocará a sesiones

extraordinarias si ocurriese el caso durante el receso de las

Cámaras.

Art. 112. Efectos del estado de sitio

La declaración de estado de sitio produce los siguientes

efectos:

1) El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos

de las Fuerzas Armadas y llamar al servicio las

reservas que estime necesarias.

2) Podrá imponer la anticipación de contribuciones y

rentas estatales que fueren indispensables, así

como negociar y exigir empréstitos siempre que los

recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los

casos de empréstito forzoso el Ejecutivo asignará

las cuotas y las distribuirá entre los

contribuyentes conforme a su capacidad económica.

3) Las garantías y los derechos que consagra esta

Constitución no quedarán suspensos de hecho y en

general con la sola declaración del estado de

sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas

personas fundadamente sindicadas de tramar contra

el orden público, de acuerdo a lo que establecen

los siguientes párrafos.

4) Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de

comparendo o arresto contra los sindicados, pero en

el plazo máximo de cuarenta y ocho horas los pondrá

a disposición del juez competente, a quién pasará

los documentos que hubiesen motivado el arresto.

Si la conservación del orden público exigiese el

alejamiento de los sindicados, podrá ordenarse su

confinamiento a una Capital de Departamento o de

Provincia que no sea malsana.

Queda prohibido el destierro por motivos políticos;

pero al confinado, perseguido o arrestado por estos

motivos, que pida pasaporte para el exterior, no

podrá serle negado por causa alguna debiendo las

autoridades otorgarle las garantías necesarias al

efecto.

Los ejecutores de órdenes que violen estas

garantías podrán ser enjuiciados en cualquier

tiempo, pasado que sea el estado de sitio, como

reos de atentado contra las garantías

constitucionales, sin que les favorezca la excusa

de haber cumplido órdenes superiores.

En caso de guerra internacional podrá establecerse

censura sobre la correspondencia y todo medio de

publicación

Art. 113. Cuenta del estado de sitio

El Gobierno rendirá cuenta al próximo Congreso de los motivos

que dieron lugar a la declaración del estado de sitio y del uso

que hubiese hecho de las facultades que le confiere este

capítulo, informando del resultado de los enjuiciamientos

ordenados y sugiriendo las medidas indispensables para

satisfacer las obligaciones que hubiesen contraído por préstamos

directos y percepción anticipada de impuestos.

Art. 114. Aprobación del etado de sitio

El Congreso dedicará sus primeras sesiones al exámen de la

cuenta a que se refiere el artículo precedente, pronunciando su

aprobación o declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que

crean necesarias y pedir al Ejecutivo la explicación y

justificación de todos sus actos relacionados con el estado de

sitio, aunque no hubiesen sido ellos mencionados en la cuenta

rendida.

Art. 115. Inacumulabiliad del Poder público

Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden

conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias ni la

suma del Poder Público, ni otorgarle supremacías por las que la

vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a merced

del Gobierno, ni de persona alguna.

La inviolabilidad personal y las inmunidades establecidas por

esta Constitución no se suspenden durante el estado de sitio

para los representantes nacionales.

TITULO TERCERO

PODER JUDICIAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 116. Ubicación; gratuidad; juzgados de excepción

El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia,

las Cortes Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados

que las leyes establecen.

La administración de justicia es gratuita, no pudiendo gravarse

a los litigantes con contribuciones ajenas al ramo judicial.

No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.

Art. 117. Calidad de los jueces

Los jueces son independientes en la administración de justicia y

no están, sometidos sino a la ley.